Colombia: buscando un símbolo de paz // Carina López Monja
El paro de la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular en Colombia entra en su segunda semana. La
respuesta represiva del gobierno y un diálogo enmarañado. La brecha entre las
concepciones de la paz del presidente Santos y el movimiento social.
La primera impresión
fue de extrañeza. En un paro nacional que tuvo el primer día un indígena
asesinado y hoy ya son tres, las mesas regionales de diálogo entre las fuerzas
de seguridad, el gobierno y los líderes de los movimientos sociales que
protagonizan la Minga podía interpretarse como la búsqueda de un símbolo de
paz. Pero no. Sólo fue hipocresía gubernamental.
Los alcaldes de
varios departamentos arengaban frente al viceministro del Interior de Colombia,
Guillermo Rivera, en pleno diálogo regional en Arauca. “Nuestra región está
abandonada y sólo el movimiento social con los paros ha logrado
transformaciones”. Las palabras no eran de los líderes de las comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes sino de los funcionarios locales,
algunos de los cuales pertenecen al partido del inefable Álvaro Uribe.
Lo extraño es que a
eso siguió la palabra de los representantes de las fuerzas de seguridad de la
zona de Arauca, ratificando sus garantías a la protesta social y finalmente la
del propio viceministro definiéndose como garantista y llegando a decir que no
habría paz sin diálogo y transformaciones para el pueblo colombiano.
Sin embargo, ese
relato del presidente Juan Manuel Santos, que busca quedar en la historia como
el artífice de la paz, contrasta con el tratamiento de guerra que ha dado el
gobierno a la protesta social que se desarrolla desde el lunes pasado en toda
Colombia con cortes y bloqueos en más de cien puntos del país.
Tres indígenas
asesinados, 152 heridos, 145 detenidos, cientos de hombres y mujeres detenidas
ilegalmente no son sólo números de una semana de paro y la respuesta de guerra
del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército de Colombia, sino que son
una respuesta clara a la discusión sobre qué paz se disputa en la Colombia del
siglo XXI.
De qué hablamos
cuando hablamos de paz
El gobierno de Santos
fue claro: los diálogos de La Habana no incluirán el debate del modelo
económico o las políticas públicas necesarias en el país y la mesa con el ELN
no incluirá un debate sobre la doctrina militar.
Fue igualmente claro
con la política hacia la protesta social: no habrá negociación con la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular mientras se mantengan los cortes de calles
y ruta. Habla de paz, acumula horas de diálogo, pero las demandas incumplidas
llevan más de tres años. Y mientras repite una y mil veces el reconocimiento a
la Minga Nacional y sus reclamos, se reprime brutalmente y se intenta
fragmentar el inmenso paro nacional, no sólo con represión sino también con sus
ministros denunciando una supuesta “infiltración” del ELN en la protesta para
deslegitimar la Minga Nacional.
Se trata, en el
fondo, del significado del proceso de paz en Colombia. El expresidente Uribe
lanzó su propuesta de resistencia civil (mismo término que utilizaban los
paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-) y su “propuesta
para la paz”, que busca con un referéndum dar marcha atrás con las
negociaciones abiertas en La Habana y Ecuador con las insurgencias, intentando
desprestigiar al gobierno de Santos por estar “enamorado de la guerrilla y no
del pueblo colombiano”.
Frente al intento de
cerrar las vías a una salida política y negociada al conflicto por parte de
Uribe, quien buscaría una salida militar y de sometimiento como la que impulsó
durante su presidencia y generó efectos devastadores para el pueblo colombiano,
Santos intenta surfear las negociaciones para otorgar el mejor escenario
económico a las grandes empresas.
Una solución al
conflicto armado que brinde paz y certidumbre a las trasnacionales que quieren
asentarse en Colombia o que esperan invertir y ser participantes activar del
modelo extractivista minero energético y agroindustrial en un país rico en metales,
minerales y petróleo, sería el mejor sueño de Santos, que lejos está de
concretarse.
Por su parte, el
movimiento social colombiano reclama el reconocimiento político y una
participación acorde en los diálogos para la paz en el país. En este sentido,
la necesidad de poner en debate el modelo económico, que dé cuenta de un
escenario posterior a los acuerdos con transformaciones económicas y políticas
centrales es uno de los ejes que se plantea en el paro nacional agrario y
campesino.
En un contexto político
especial para Colombia, cientos de miles de indígenas, afros y familias
campesinas se encuentran en las calles. A ellas se sumaron los docentes y este
lunes será el turno de los camioneros. Las deudas sociales con el pueblo
colombiano son infinitas: el saqueo de los bienes comunes, la falta de
educación y salud y la ausencia a estatal, a excepción de la presencia militar.
Pero hay un saber popular que atraviesa Colombia, desde los llanos hasta la
costa Pacífica, y es que no existieron transformaciones en el país que no
fueran a punta de lucha. Acaso por eso, con los tanques enfrente, las
comunidades cantan en pleno piquete: “El pueblo no se rinde, carajo”.